El decreto “antinepotismo” disparó el desconcierto dentro del oficialismo
El decreto del Presidente Mauricio Macri para limitar la designación de familiares directos en cargos públicos sigue causando revuelo en las entrañas de Cambiemos. La normativa, firmada por el jefe de Estado el 31 de enero pasado, el 31 de enero pasado, señala que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”.
Pero la iniciativa, que llegó para apagar el fuego de un escándalo interno en el gobierno tras una serie de episodios desafortunados con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca -un audio de Whatsapp en el que el funcionario apareció maltratando a su empleada doméstica, seguido de la revelación de la presencia de parte de su familia en el gobierno-, terminó por ocasionar fuertes dolores de cabeza a los intendentes del Interior bonaerense, que ahora deben lidiar con la presión de sus opositores para que repitan el gesto de su jefe a escala nacional.
En Lincoln, el Decreto N° 98/2018 cayó como una bomba, y ni siquiera al interior de la alianza oficialista parece haber consenso sobre qué postura tomar e incluso algunos referentes hasta se animaron a rebelarse contra el propio Presidente. Fue el caso de la concejal María Isolina Galtieri, quien días atrás, en una entrevista con el telenoticiero de la comuna Somos Lincoln (Cablevisión), catalogó la iniciativa macrista como “una venta humo”. “Para un shock de prensa o una venta de humo estuvo muy bien. Pero creo que la idoneidad, la capacidad y la honestidad para ocupar un cargo son más importantes que el lazo sanguíneo. Ahora, si se ponen familiares en los puestos únicamente para calentar la silla, entonces no estoy de acuerdo”, explicó Galtieri.
“Macri intentó con esto tapar un problema interno con sus funcionarios, pero nosotros no debemos permitir que el árbol nos impida ver el bosque. El decreto corta a los ministerios, pero esta era un tema que se podría haber resuelto simplemente con una resolución interna”, aclaró la edil de origen radical.
Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, y dirigente del GEN -pero integrada al bloque Cambiemos-, Patricia Galinelli, sostuvo que la decisión de adherir al decreto presidencial a nivel local quedará a criterio del intendente Salvador Serenal, aunque advirtió que el jefe comunal no tiene por qué hacerse cargo de una medida que Macri no tomó con su ministro Triaca. “Se trata de una medida que se viene a dar ahora, luego de mucho tiempo, donde los familiares no tienen la culpa de ser portadores de lazos familiares porque entre ellos hay personas muy valiosas e idóneas, de confianza del funcionario de turno”, expresó Galinelli.
“Fue una medida que el gobierno nacional aplicó y que la gobernadora María Eugenia Vidal decidió seguir, la cual ahora queda a criterio de los mandatarios comunales. Si el intendente que nombró a familiares en cargos considera que son personas de confianza y que además han militado y han hecho la campaña con ese intendente, no tienen por qué sufrir las consecuencias de una iniciativa que el propio presidente Mauricio Macri no tomó con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca”, insistió la máxima autoridad del cuerpo deliberativo local, según publicó el miércoles pasado el diario La Posta.
Distinta parece ser la postura de la diputada bonerense de UCR-Cambiemos, originaria del distrito de Lincoln, Vanesa Zuccari, quien si bien se limitó públicamente a referirse a la viabilidad de la medida de Macri en el plano provincial, en los últimos días reveló que apoyará un proyecto de ley, presentado por su par Guillermo Castello, para prohibir a contratación de parientes en los tres poderes del Estado provincial.
La letra del proyecto señala que “los funcionarios públicos de todos los poderes de la Provincia de Buenos Aires, así como los funcionarios de las empresas del Estado provincial, que contaren entre sus facultades funcionales con las de realizar nombramientos y contrataciones permanentes o provisorias en la administración pública provincial, tendrán prohibido ejercer dicha facultad”.
De este modo, en caso de prosperar, la eventual ley expondría por sanciones de hasta cinco años para ejercer la función pública a toda autoridad que “realizare un nombramiento o contratación en contravención a lo dispuesto” en la norma.