Fiscal pide archivar denuncia contra Torchio por supuestas irregularidades en la compra de algodón
La denuncia contra el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, por supuesta administración fraudulenta en la compra de algodón, comienza a encaminarse hacia el baúl de los recuerdos.
El miércoles pasado, una resolución del fiscal Fabio Arcomano, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, pidió el pase a archivo de la causa, iniciado por concejales de Cambiemos en el distrito, habida cuenta de que “no se ha colectado prueba suficiente” que comprometa al jefe del municipio.
La causa inició el 21 de junio de 2018, por iniciativa de “José Aguirrezabala y otros”, sobre “Defraudación por administración fraudulenta” por parte de la Municipalidad de Carlos Casares y fue cursada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, de Trenque Lauquen.
En reiteradas declaraciones a los medios locales, y también desde su banca en el Concejo Deliberante, la edil María Lucas había advertido sobre una presunta sobrefacturación en la compra de algodón y gasas, a partir de una factura detectada en la Rendición de Cuentas 2017, por un monto de $833.332,50, emitida por “un proveedor registrado hace once años, pero que no registra ninguna venta”.
Sin embargo, para el fiscal que entiende en la causa, “hasta el momento, no se ha colectado prueba suficiente respecto al hecho denunciado”, a partir de lo cual, de no surgir nuevos elementos probatorios que ameriten la continuidad de la investigación, “corresponde proceder al archivo” del expediente.
De no modificarse la situación, sería la segunda ocasión en el año en la que la Justicia desestima hechos de corrupción en la gestión Torchio. La anterior, había sido a mediados de julio, cuando la Cámara Federal dio por tierra la denuncia del juez Claudio Bonadío contra el mandatario casarense, por supuesta malversación de recursos del programa nacional Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
En dicha causa, más de 90 intendentes y ex intendentes de todo el país resultaron apuntados por el magistrado. La mayoría fue beneficiada luego por la “falta de mérito” dictada por la Cámara Federal.