Serenal confía en que el edificio de La Paz quedará en poder de los cooperativistas
El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, confirmó que mantuvo una reunión con los cooperativistas del supermercado La Paz y se mostró optimista con la posibilidad de que el desenlace sea favorable para los trabajadores del comercio. El jefe comunal declaró al diario linqueño La Posta que participó de la asamblea junto con la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli, luego de que se conociera la decisión judicial que ordena el remate público del inmueble ubicado en la avenida Massey, lo que pone en peligro la continuidad de más de 90 puestos de trabajo.
El matutino también reveló que Serenal estableció un diálogo con la jueza a cargo del caso, Paula Marino, para acercarle las ordenanzas municipales N° 1.883 -que declara como establecimiento histórico al edificio en donde funciona el supermercado- y N° 1.884 -que declara “de interés público” a la cooperativa-, así como también la 1.443, que impediría la instalación en ese mismo lugar -en caso de que el edificio finalmente se rematara- de un comercio de similares características.
“Estas ordenanzas son todas favorables para la cooperativa. En el expediente judicial, la jueza dejó de manifiesto toda la intención de que el edificio quede en manos de la cooperativa. Y, de hecho, se llegó a esta instancia en acuerdo con los trabajadores de la cooperativa, quienes solicitaron la compra directa, la cual no fue aceptada, pero sí se les otorgó como opción hacer un ofrecimiento y, en caso de hacer un oferta mayor, ellos pueden realizar una contraoferta del 5% para adquirir el espacio físico”, precisó Serenal.
“Está todo dado de manera favorable para que no se presente ningún inversor y ponemos todas nuestras buenas energías para que todo salga bien”, agregó el mandatario. Días atrás, Serenal había recordado, en una entrevista con Cabletel Noticias, que el edificio había permanecido durante cinco años sujeto a una ley provincial para su expropiación en favor de la cooperativa, pero el plazo se había vencido, lo que abrió la puerta para su remate al mejor postor, escenario que pondría en riesgo la posibilidad de que los trabajadores pudieran quedarse con él.