Diputados aprobó proyecto de Zuccari para crear un Registro de cuidadores de adultos mayores
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó en su primera sesión ordinaria de 2019 un proyecto de ley, impulsado por la legisladora linqueña Vanesa Zuccari, para crear el Registro Único Público y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos.
El objetivo del proyecto es generar una herramienta para “garantizar la atención eficaz de uno de los grupos etarios más vulnerables de la sociedad, atendiendo su especificidad y el respeto irrestricto de sus derechos”. “La modificación conceptual de la llamada vejez –antes llamada momento improductivo de la vida- obliga a pensar nuevos mecanismos que ayuden a cuidar de quienes en ese estadio necesiten de atención”, expresó Zuccari, legisladora de UCR-Cambiemos.
A la hora de especificar los alcances de la iniciativa, Zuccari manifestó: “En estos tiempos, los adultos mayores o sus familias recurren a solicitar los servicios de cuidadores al encontrarse ante la necesidad de la asistencia, y en muchos de estos casos es necesario brindarles un marco para que esta tarea se preste de manera adecuada. Debemos implementar políticas públicas que garanticen a las personas mayores sus derechos. Entre ellos el de recibir cuidados acordes a su estado”.
Y agregó: “Resulta pertinente y oportuna la sanción de un marco regulatorio que brinde contención a la situación, proponiendo que los Asistentes Gerontológicos sean quienes se capaciten en forma específica, con el fin de dar asistencia, contención y cuidados requeridos”.
La letra de la normativa iniciativa denomina Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado de Adultos Mayores; o Asistentes Gerontológicos; o Asistentes Geriátricos, en forma indistinta, a “aquellas personas que prestan servicios especializados, con visión gerontológica de prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en las actividades básicas de la vida diaria, a personas mayores de sesenta años”.
El Poder Ejecutivo provincial se encargará de “fijar las condiciones de formación y capacitación; acreditará las instituciones formativas; determinará las condiciones y plazos para la inscripción en el registro en el que se inscribirán aquellas personas que aprueben el curso de formación que establezca la autoridad de aplicación y deseen desempeñarse en el ámbito provincial”. Finalmente, la ley establece que la inscripción se renovará cada dos años, “mediante la acreditación del cumplimiento de una actualización de conocimientos cuyos requisitos serán establecidos por vía reglamentaria”.