La UCR respalda la derogación de los decretos sobre las asignaciones salariales de los obispos
Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) en Cambiemos de Pehuajó presentaron hoy un Proyecto de Resolución para expresar su adhesión a la iniciativa del diputado nacional Alejandro Echegaray, para pedir que se deroguen los decretos-leyes sobre las asignaciones eclesiásticas.
En su propuesta, los ediles Adriana Pérez de Azcueta, Juliana Sánz y Carlos Ruiz Weiss, advierten que el artículo 2° de la Constitución Nacional reconoce al sistema de gobierno argentino como “de culto católico apostólico romano”, y que si bien se trata de “un anacronismo en el marco de una república laica”, en la práctica dicho principio se ha traducido en “una obligación de apoyo económico” por parte del Estado nacional a la iglesia.
Asimismo, a la ley suprema se suman las normativas vigentes, que fueron sancionadas por el ex Presidente de facto Jorge Rafael Videla, durante la última dictadura militar 1976-1983, y que determinaron que en el Presupuesto Nacional 2018 se fijaran asignaciones cuantiosas en sus múltiples formas -exenciones impositivas, subsidios, pensiones- “a 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas”. Finalmente, los concejales firmantes sostienen que “ha llegado la hora de poner fin a unas disposiciones insostenibles generadas en un tiempo pasado en el que el Congreso no deliberaba”.
A la hora de presentar su proyecto para la Cámara Baja nacional, Echegaray sostuvo que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”. Los decreto-leyes sobre los cuales se exige la caducidad son el 21.540 -autoriza una asignación mensual vitalicia del 70% de la remuneración mensual a arzobispos y obispos que cesen en sus cargos por razones de edad o invalidez-; el 21.950 -fija una asignación mensual del 80% a obispos y arzobispos cesanteados-; el 22.163 -autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a fijar una asignación a párrocos situados en zonas de frontera-; el decreto ley 22.430 -establece una asignación mensual vitalicia para sacerdotes que hayan cumplido 65 años o se encuentren incapacitados, equivalente a la jubilación mínima de trabajadores en relación de dependencia-; y el 22.950 -autoriza una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada discípulo del seminario mayor-.