Un acta de 2012 firmada por el municipio, ¿la Espada de Damocles del Frigorífico de Pehuajó?
La toma del Frigorífico Regional del Centro Oeste de la Provincia de Buenos Aires sacudió la semana pasada la rutina de la ciudad de Pehuajó. Ayer, sus operarios volvieron a reclamar en las calles una solución a los salarios adeudados y una respuesta frente al futuro sombrío de los puestos de trabajo. Pero aunque el conflicto parece ahora haber estallado finalmente por los aires, el principio de la historia se remonta a más de quince años atrás. “Son 120 personas que quedan en la calle y es una situación compleja para Pehuajó. Pero es lo que se veía venir”, explica una fuente judicial cercana al caso, en comunicación con La Quarta.
La crónica del final anunciado de la firma perteneciente a la familia Rubino comienza en 2001, en plena crisis económica y política del país, antes de que sus actuales dueños entraran en escena. “Desde 2001 hasta hoy, el frigorífico nunca pudo cumplir con la totalidad de las habilitaciones correspondientes para funcionar en plenitud. En muchos períodos fue responsabilidad exclusiva de los empresarios, pero más recientemente, cuando finalmente los directivos pudieron haber encaminado la situación, intervino el poder político para poner trabas”, relata la fuente antes mencionada, que pidió mantener su nombre en estricta reserva.
En 2011, de manera simultánea al desgaste creciente de la relación entre la familia Rubino y el gobierno municipal, ya por entonces a cargo de Pablo Zurro, comenzaron a agravarse los problemas administrativos de la empresa, que nunca consiguió reunir al mismo tiempo dos de los requisitos claves enumerados por la Dirección Provincial de Carnes para la habilitación de mataderos frigoríficos: el Certificado de Categorización -emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)- y el Permiso Precario de Vuelco de efluentes -conferido por la Autoridad del Agua (ADA)-.
Una nota publicada en el sitio web Letra P, en ocasión del capítulo del conflicto inmediatamente anterior al actual, el 1° de noviembre pasado, dio cuenta de que los empleados del frigorífico, cansados de la ausencia de representantes de la empresa, concurrieron al despacho de Zurro en busca de una solución, pero en el Palacio Municipal les explicaron que el origen del problema estaba, en realidad, en La Plata.
“El frigorífico está cerrado por cuestiones administrativas inherentes a la empresa en su relación con los organismos competentes del gobierno nacional y provincial. La Municipalidad de Pehuajó es absolutamente ajena a esto”, fue la explicación del jefe comunal, según reprodujo el mencionado portal. “Si las trabas burocráticas estuvieron a nivel provincial, en todo caso fue durante el gobierno de Daniel Scioli, que controlaba tanto el OPDS como el ADA y su signo político coincidía con el del gobierno municipal”, insistió la fuente consultada por este medio.
No obstante, lo que para dicho informante significó el tiro de gracia para el frigorífico fue un acta administrativa, firmada el 26 de marzo de 2012, en la que el OPDS se comprometió a expedir el certificado de aptitud ambiental para la empresa a cambio de su relocalización, lo que sus patrocinadores legales de aquel momento entendieron, en realidad, como su constancia de defunción.
El documento en cuestión fue firmado por el intendente Pablo Javier Zurro; el entonces secretario de Gobierno -hoy diputado provincial- Avelino Zurro; el entonces director provincial de Impacto Ambiental, Federico Jarsun; la entonces directora provincial de Control y Fiscalización Ambiental, Verónica Gladario; la directora de Mediambiente del municipio pehuajense, Julieta Martín; el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Antonio Norryh; el delegado del Sindicato de la Carne, Oscar Tiseyra; y dos trabajadores de la firma, Luis Vilches y Daniel Ticeira.
“Los representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) toman la palabra (…) e informan a todos los presentes que (…) otorgará -en caso de corresponder- el certificado de aptitud ambiental al Frigorífico Industrial Pehuajó SA con la exigencia de relocalización del establecimiento en un plazo de dos años desde la entrega del mismo”, expresa la letra del acta.
“Esa fue la Espada de Damocles del frigorífico, porque era imposible en ese momento afrontar los costos para trasladar la planta. Después del cambio de gobierno a nivel nacional y provincial, los dueños se ilusionaron con que muchas de estas cosas podrían haberse resuelto, pero lo cierto es que para entonces la empresa ya había quedado herida de muerte, totalmente relegada del mercado, porque sin las habilitaciones que durante tantos años no había conseguido, no podía exportar“, rememoró la misma fuente.
A los desgastantes desencuentros con los organismos de la administración pública sobrevino la muerte del propietario de la compañía, tras padecer cáncer, en 2016. Se hicieron entonces cargo sus hijos, pero no pudieron revertir el escenario. “Los problemas administrativos fueron el origen del conflicto que estamos viendo hoy. El frigorífico nunca pudo insertarse completamente en el mercado porque en determinados momentos se le negó sistemáticamente el cumplimiento de ciertos requisitos”, finalizó el testigo directo del caso consultado por este portal.