El Frente Renovador respaldó el pedido de suspensión de la Audiencia Pública por el aumento del agua
El Frente Renovador de Pehuajó expresó ayer su apoyo al pedido de suspensión de la Audiencia Pública con la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), que tendrá lugar el próximo 2 de febrero en La Plata, y que podría derivar en una suba de alrededor del 40% del servicio de agua corriente. El reclamo es impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y su titular, Guido Lorenzino, consideró que la Audiencia “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos”.
“Entre las condiciones deficientes del servicio cabe recordar que desde el Frente Renovador Pehuajó se inició por vía de la Defensoría un expediente en particular de cara a la Audiencia Pública, en el que se plantean los problemas del servicio en nuestra ciudad”, rememoró el concejal massista Pablo Lanik.
“Además de la situación del pésimo servicio en buena parte de la Provincia y particularmente en Pehuajó, en donde la Justicia nos ha dado la razón en dos instancias sobre el tema, está el hecho que al aplicarse el revalúo fiscal a nivel Provincia que estará en torno al 50 % y al estar atado el servicio de Absa no al consumo sino a esa valuación fiscal, ya tendremos un tarifazo encubierto que esquivará cualquier procedimiento estipulado por Ley para incrementos tarifarios. Y a ese aumento encubierto por el revalúo se está pretendiendo aplicarle encima un 40%, y por un servicio que es pésimo y en muchos casos directamente inexistente”, agregó Lanik.
Desde la Defensoría también objetaron que la audiencia programada para el 2 de febrero en La Plata tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que fue disuelto a lospocos días del llamado por la nueva Ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control. “Esta movida también significa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que la ADA no, lo que de por sí vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, precisó Lorenzino.
“El servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia, donde no sólo presenta cortes y falta de infraestructura, sino también graves problemas con la potabilidad, ligado a la presencia de arsénico en el agua, nitratos, salinización, hasta la aparición de algas, que atentan directamente contra la salud de la población”, insistió. “Son motivos de sobra para exigirle a la Provincia la suspensión de la audiencia pública, que además es meramente informativa y no permite ni siquiera el intercambio entre los participantes”, remató Lorenzino.